Estado y seguridad : apuntes para una reformulación del sistema de seguridad interior en la Argentina
Resumen: La agenda pública de la Argentina se encuentra desbordada por una serie de cuestiones que vienen acumulándose en forma más o menos lenta, pero ciertamente sin pausa, desde hace algunos años. Desempleo, recesión, integración regional, educación, crisis social –entre tantos otros problemas públicos– tienen un espacio ganado en la agenda pública. No obstante, en los últimos años, y más precisamente durante la segunda mitad de los noventa, una cuestión novedosa fue apareciendo en el primer nivel de la atención pública: la seguridad. En efecto, en un país donde los estándares de seguridad eran similares o aun mejores al de muchas sociedades europeas, la inseguridad como problema público que reclame una política específica por parte del Estado para resolverlo era algo ajeno y hasta desconocido. En el pasado reciente, la violencia y el desorden público tenían que ver más con cuestiones políticas, y menos con fenómenos criminales. Ello explica en buena medida que el diseño de la intervención estatal en la materia –tributario del modelo europeo– tenga un sesgo en ese sentido: la seguridad como producto del control sobre la población y de la represión de los agentes perturbadores del orden público. No en balde el ministro político –Ministro del Interior– era la instancia de conducción política de dicha intervención. El modelo de intervención en seguridad derivaba del esquema de relación Estado-Sociedad que primó hasta entonces.
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Artículo biblioteca |
| Language: | spa |
| Published: |
Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
2002
|
| Subjects: | ARGENTINA, ESTADO, SEGURIDAD, DEFENSA, RELACIONES INTERNACIONALES, DERECHOS HUMANOS, |
| Online Access: | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/9967 |
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| Summary: | Resumen: La agenda pública de la Argentina se encuentra desbordada
por una serie de cuestiones que vienen acumulándose
en forma más o menos lenta, pero ciertamente sin pausa,
desde hace algunos años. Desempleo, recesión, integración
regional, educación, crisis social –entre tantos otros problemas
públicos– tienen un espacio ganado en la agenda pública. No
obstante, en los últimos años, y más precisamente durante la
segunda mitad de los noventa, una cuestión novedosa fue apareciendo
en el primer nivel de la atención pública: la seguridad.
En efecto, en un país donde los estándares de seguridad eran
similares o aun mejores al de muchas sociedades europeas, la
inseguridad como problema público que reclame una política específica por parte del Estado para resolverlo era algo ajeno y
hasta desconocido. En el pasado reciente, la violencia y el desorden
público tenían que ver más con cuestiones políticas, y
menos con fenómenos criminales. Ello explica en buena medida
que el diseño de la intervención estatal en la materia –tributario
del modelo europeo– tenga un sesgo en ese sentido: la
seguridad como producto del control sobre la población y de la
represión de los agentes perturbadores del orden público. No
en balde el ministro político –Ministro del Interior– era la instancia
de conducción política de dicha intervención. El modelo
de intervención en seguridad derivaba del esquema de
relación Estado-Sociedad que primó hasta entonces. |
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