Acceso y participación en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual : alcances y limitaciones del nuevo paradigma

Habermas define a la esfera pública “…como una red para la comunicación de contenidos y tomas de postura, es decir, de opiniones, y en él los flujos de comunicación quedan filtrados y sintetizados de tal suerte que se condensan en opiniones públicas agavilladas en torno a temas específicos”. En este entramado, los medios de comunicación se constituyen como parte de las instituciones de la sociedad moderna con gran capacidad de orientar a diario las corrientes sobre las que se debate y piensa lo público, señalando, estableciendo y direccionando los temas sobre los cuales se sitúa la atención, dando luz a determinadas situaciones y opiniones (y obviando otras). En la actualidad, distintos sectores de la sociedad se encuentran frente a una fuerte imposibilidad de pensar una participación eficaz y efectiva en la visibilización de sus intereses y demandas en el espacio público por fuera de los medios masivos. La centralidad que adquieren dado su gran poder para configurar, crear y recrear la realidad social, lleva a que la esfera pública sea principalmente acercada, pensada e interpretada a través de ellos. Esto subraya María Cristina Mata al decir que: “Cotidianamente, los medios y redes de información nos dicen lo que somos y nos ocurre en un decir que nos interpela y nos constituye desde la adhesión o el rechazo que, en variados grados y modos, ellos suscitan. La información sobre nosotros mismos y la realidad que hacemos y vivimos y que los medios nos proveen a través de miles de palabras e imágenes no es el único alimento para pensarnos y actuar. Sin embargo, la magnitud que adquieren en nuestras sociedades mediatizadas esas palabras e imágenes, la fuerza que alcanzan en tanto no podemos pensarnos sin ellas – sobre todo sin la relación con ellas que se ha vuelto un modo dominante de relacionarnos con los demás – les confiere un estatuto particular: podemos reconocerlas como regulaciones discursivas que expresan, instauran y reproducen regulaciones sociales". Como es sabido, los mercado culturales, y en especial el mercado de la radiodifusión en América Latina, se encuentran caracterizados por altos niveles de concentración, tanto horizontal como vertical, viéndose reducido significativamente el número de actores presentes en el sistema ya que no sólo unos pocos son propietarios de medios, sino que la entrada al mercado se ve obstaculizada por las altas barreras económicas de ingreso. Esto implica, en primera instancia, la inexistencia de ciertas informaciones, opiniones, visiones y hasta temas de interés de la esfera pública, producto de la limitada presencia de actores mediáticos diversos. Ante esta homogeneización, se produce en segunda instancia, el impedimento del individuo y el colectivo social negado en su entrada al sistema, de acceder a la información necesaria para la toma de decisiones de su vida personal, política y social. Y luego, se ve imposibilitada la aparición de diversas perspectivas sobre la misma información para que la toma de esa decisión se base en una lógica razonable, acorde a los intereses propios y colectivos y de esa manera, se pueda participar del debate sobre los asuntos públicos de manera adecuada. Se produce así, una triple exclusión producto de la concentración económica: de presencia de actores, de representación de sectores y de diversidad informativa en el sistema. Esto determina como resultado final limitaciones en la variedad de tipos de medios (comerciales, públicos, estatales, comunitarios, locales, internacionales, etc.), como así también de su propiedad y de los productos culturales e informativos que proveen. Por ende, la concentración si en principio es económica se traduce inseparablemente en una centralización de contenidos y opiniones altamente perjudicial si no es debidamente considerada. Esto se debe al doble carácter que, como se puede ver, poseen los bienes que circulan por los medios: bienes económicos, en tanto generan un rédito para quienes los comercializan y bienes simbólicos en tanto son poseedores y trasmisores de representaciones sociales. Este proceso de triple exclusión de los medios, fruto de las tendencias monopólicas produce la uniformidad de los discursos que organizan la vida social, en términos de Mata. Y entonces, debido a las características del mercado, el ingreso e influencia de nuevos actores con posibilidad de cambiar el régimen de lo que se piensa y se discute en torno a los asuntos públicos se torna casi imposible. El único rol que cumplen las regulaciones discursivas de los medios es la de reproducir las regulaciones sociales imperantes en determinadas sociedades y mantener el statu quo, sin perspectiva de instaurar nuevas y diversas que reflejen el abanico de formas sociales, políticas y culturales que las constituyen como tal. Mata, retomando a Garretón, sostiene que la noción de ciudadanía debe ser entendida: “…como práctica que implica la capacidad de ser sujeto en todos los ámbitos en que se construye el poder y, por consiguiente, como práctica que implica el participar efectivamente en la elaboración de las reglas que, con validez de norma instituida o legitimada, tienen capacidad de ordenar la vida en sociedad”. Lejos de visiones liberales, y trasladando esta definición al sector de los medios, se parte por entender que existe una asimetría, una gran desigualdad dentro del sistema de comunicación para erigirse como ciudadano pleno de derechos tanto específicos del ámbito comunicacional como aquellos que indirectamente son posibles de ejercer por la puesta en práctica de la libertad de expresión (derechos políticos, sociales, culturales, individuales). Es decir, que en un contexto de fuerte y alta concentración del capital de los medios, lo que se pone en juego es la capacidad de que el colectivo social se exprese en su conjunto, se informe de manera adecuada y forme juicios razonados para constituirse como una ciudadanía plena y democrática a la vez que genere individuos libres y autónomos. Esta noción de ciudadanía plantea establecerse como sujeto de derecho, teniendo en cuenta las características actuales de este sistema de producción industrial, de distribución y consumo de bienes culturales que es el dominante a la hora de organizar los intercambios simbólicos de una sociedad y frente al cual los públicos corren riesgo de delegar sus derechos a la libre expresión e información. Frente a esta compleja situación, el Estado debe perseguir los modos de garantizar diversos mecanismos que logren igualar las condiciones prácticas para el ejercicio pleno de la libertad de expresión y equiparar de esa manera las posibilidades de acción dentro de la esfera pública mediática, a fin de evitar las consecuencias que conllevan las tendencias económicas imperantes. Es el Estado el que debe considerar la doble identidad de los materiales de comunicación, considerando estos planos en permanente tensión para buscar un equilibrio que se vea reflejado en sus políticas y determinar el modo correcto de circulación social de los mensajes de los medios. Se trata en última instancia de lograr la democratización del sistema de medios, entendido como el proceso a través del cual los individuos se convierten en parte activa de la circulación de mensajes y producción de bienes culturales, y no mero objeto, aumentando de esta forma el grado y la calidad de la representación social en términos de comunicación. Y es aquí donde aparecen dos conceptos centrales que permiten alumbrar este panorama complicado de restricciones y obstáculos: el Acceso y la Participación. Dos nociones que aparecen, en conjunto con otros, en el marco del debate histórico por Políticas de Comunicación Nacionales (PNC) capaces de reflejar cambios en el orden informativo y direccionar hacia un horizonte democratizador el sistema mediático. Su desarrollo teórico e importancia fue cobrando vigor a lo largo de los años hasta llegar a cristalizarse al nivel de indicadores que permiten evaluar cuán equilibrado y horizontal se presenta un sistema de medios nacional con respecto a la variedad de actores intervinientes, en sus múltiples posibilidades de ejercer derechos y tomar decisiones. En Argentina, fue sancionada recientemente una nueva ley de radiodifusión, luego de más de 30 años de que los medios de comunicación estén regidos por una legislación nacida bajo dictadura militar. Por lo tanto, es necesario comenzar a hablar nuevamente de Acceso y Participación, conceptos que cuentan con una carga histórica y teórica que justifica su reapropiación en la situación actual con el fin de determinar las posibilidades del nuevo paradigma en términos de democratización.

Bibliographic Details

Main Authors:	Maffullo, Eliana, Stura, Santiago
Other Authors:	Mastrini, Guillermo
Format:	Tesis biblioteca
Language:	spa
Published:	Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales
Subjects:	Medios de comunicación, Legislación, Política, Derecho a la información,
Online Access:	https://repositorio.sociales.uba.ar/items/show/1446 https://repositorio.sociales.uba.ar/files/original/618eff41292765d32cf91d2b58f4ba7b.pdf
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