Análisis del comportamiento de la certificación forestal y evaluación de verificadores para el manejo sostenible en Bolivia
El estudio se realizó en Santa Cruz, Bolivia para diagnosticar el comportamiento de la certificación forestal, evaluar verificadores para los estándares bolivianos de certificación y elaborar una propuesta de C&I para el uso del gobierno en las auditorías forestales. Para evaluar la certificación, se aplicaron encuestas a las empresas certificadas, empresas no certificadas y a las autoridades y funcionarios forestales del gobierno. El índice de respuestas fue de 100 por ciento, 23 por ciento y 44 por ciento respectivamente de la población de estos grupos. Se hicieron análisis de frecuencia y combinaciones de respuestas, utilizando la media aritmética y el coeficiente de variación como parámetros de decisión. Para evaluar los verificadores se diseñó una metodología y se seleccionaron tres concesiones forestales en el departamento de Santa Cruz. Los verificadores fueron sometidos a cinco cualidades para probar su consistencia y calidad. Verificadores que no cumplían con estas en los tres bosques, fueron eliminados. Los resultados indican que los principales beneficios obtenidos por las empresas certificadas son: mejor imagen para el 71 por ciento, nuevos mercados para el 57 por ciento, mercados más estables y mejores precios (en pocas especies) para el 43 por ciento. Para el 43 por ciento de las empresas, la mayor dificultad de los compromisos asumidos en la certificación fueron los aspectos sociales. El costo directo de la certificación ha oscilado entre 0,12 y 0,50 USS/ha, con un promedio ponderado de USS 0,18/ha; este aumenta al disminuir el área certificada y viceversa, y tiende a estabilizarse en USS 0,16/ha a partir de 120.000 ha. Los costos indirectos están mayormente relacionados a aspectos sociales, pero no se conocen. Un 89 por ciento de los funcionarios forestales del gobierno conocen la certificación. El 80 por ciento de ellos opinan que la certificación no le quita al gobierno el control sobre las empresas certificadas, más bien favorece la fiscalización del manejo y el cumplimiento de la ley, incluso creen que podría ayudar al desarrollo de C&I para el uso del gobierno. Los tres grupos consultados (empresas certificadas, no certificadas y funcionarios) coinciden en señalar que no ven a la certificación como un mecanismo de discriminación o imposición de los países europeos o de USA a los países en desarrollo. Por el contrario, creen que es una estrategia que favorece la conservación de los bosques. En general el gobierno acepta la certificación y lo considera un complemento en el control del cumplimiento del manejo forestal en el marco del nuevo régimen forestal que vive el país. La evaluación de los verificadores produjo 155 verificadores aprobados para ser incorporados a los estándares de certificación (de 191 iniciales se aprobaron 118 y se incorporaron 37). Las principales razones para la eliminación ha sido la dificultad en la disponibilidad, mensurabilidad y veracidad de estos, mientras que los verificadores incorporados fueron a llenar vacíos, remplazar a los eliminados y en menor proporción a fortalecer a verificadores solitarios. Adicionalmente, en base a los C&I de los estándares de certificación, la Directriz sobre auditorías forestales del gobierno y los verificadores aprobados, se preparó una propuesta de criterios e indicadores para el uso del gobierno.
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | biblioteca |
| Language: | spa |
| Published: |
Turrialba (Costa Rica) CATIE
1999
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| Subjects: | ANALISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS, BOLIVIA, CERTIFICACION FORESTAL, EVALUACIÓN, INDICADORES, MANEJO FORESTAL, NORMALIZACION, SANTA CRUZ, SOSTENIBILIDAD, |
| Tags: |
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