La actualidad del instituto del servicio público a la luz de las últimas experiencias regulatorias en Argentina
Introducción: En losúltimos años, se hanverificado importantesavances regulatorios en Latinoamérica, y especialmente en Argentina, sobre varias actividades económicas hasta hace poco desreguladas o sometidas a una típica regulación estatal atenuada en ejercicio del poder de policía. Tales mayores regulaciones implicaron, casi siempre, una intervención estatal más rigurosa sobre esas actividades comerciales o industriales, a punto tal que se han impuesto sobre las mismas medidas obligaciones y restricciones propias del instituto del servicio público, que constituye el máximo grado de injerencia administrativa sobre una actividad económica1(dejando de lado, claro está, la nacionalización completa del sector). Fijación estatal de precios, tasas y comisiones, la obligación de venta de productos o prestación de servicios (aún a pérdida), y la aceptación forzosa de ciertos usuarios o clientes, son solo algunas de las restricciones regulatorias que se han impuesto sobre empresas de estos sectores. Y estamos hablando de medidas que bien podrían emparentarse con algunos de los caracteres tradicionales de los servicios públicos (v. gr., regularidad, obligatoriedad y generalidad). Curiosamente, tales decisiones gubernamentales no han sido acompañadas por la declaración formal de esas actividades como servicios públicos. De hecho, a pesar del claro sesgo intervencionista que tenían las autoridades que gobernaron nuestro país hasta fines del año pasado (en sintonía con otros gobiernos de nuestro continente), no han sido en cambio prolíficas en relación a la publificación formal de actividades económicas. Hubo, sí, ejemplos varios de calificaciones legales de "interés público" de actividades económicas (actividad hidrocarburífera2, producción de papel para prensa3, etc.), instituto que, como es sabido, autoriza un mayor avance regulatorio sobre las mismas en ejercicio del poder de policía estatal. Pero no se ha llegado al extremo de transformar en servicio público a esas actividades...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Artículo biblioteca |
| Language: | spa |
| Published: |
Ediciones RAP
2017
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| Subjects: | SERVICIOS PUBLICOS, ENTES REGULADORES, ADMINISTRACION PUBLICA, DOCTRINA, DERECHO ADMINISTRATIVO, REGULACION ECONOMICA, |
| Online Access: | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/3121 |
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| Summary: | Introducción: En losúltimos años, se hanverificado importantesavances regulatorios en Latinoamérica, y especialmente en Argentina, sobre varias actividades económicas hasta hace poco desreguladas o sometidas a una típica regulación estatal atenuada en ejercicio del poder de policía. Tales mayores regulaciones implicaron, casi siempre, una intervención estatal más rigurosa sobre esas actividades comerciales o industriales, a punto tal que se han impuesto sobre las mismas medidas obligaciones y restricciones propias del instituto del servicio público, que constituye el máximo grado de injerencia administrativa sobre una actividad económica1(dejando de lado, claro está, la nacionalización completa del sector). Fijación estatal de precios, tasas y comisiones, la obligación de venta de productos o prestación de servicios (aún a pérdida), y la aceptación forzosa de ciertos usuarios o clientes, son solo algunas de las restricciones regulatorias que se han impuesto sobre empresas de estos sectores. Y estamos hablando de medidas que bien podrían emparentarse con algunos de los caracteres tradicionales de los servicios públicos (v. gr., regularidad, obligatoriedad y generalidad). Curiosamente, tales decisiones gubernamentales no han sido acompañadas por la declaración formal de esas actividades como servicios públicos. De hecho, a pesar del claro sesgo intervencionista que tenían las autoridades que gobernaron nuestro país hasta fines del año pasado (en sintonía con otros gobiernos de nuestro continente), no han sido en cambio prolíficas en relación a la publificación formal de actividades económicas. Hubo, sí, ejemplos varios de calificaciones legales de "interés público" de actividades económicas (actividad hidrocarburífera2, producción de papel para prensa3, etc.), instituto que, como es sabido, autoriza un mayor avance regulatorio sobre las mismas en ejercicio del poder de policía estatal. Pero no se ha llegado al extremo de transformar en servicio público a esas actividades... |
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