Política nacional de desarrollo rural

Según los datos del Censo 2017 y aplicando el criterio de ruralidad de la OCDE, el 25,5% de los chilenos vive en comunas rurales (263 de las 346 comunas), habitando el 83% del territorio del país. Estas áreas enfrentan desafíos comunes: la lejanía a los grandes mercados; la migración de la población hacia áreas urbanas; la falta de masa crítica para beneficiarse de las economías de escala; los nuevos patrones de producción y comercialización para las materias primas; el menor suministro de bienes y servicios respecto a los centros urbanos; la baja diversificación económica; y la necesidad de una mayor valoración de su patrimonio cultural y natural. Si bien en las últimas décadas Chile ha mostrado avances sustantivos en términos de reducción de la pobreza, según datos de la encuesta CASEN aún persisten disparidades entre las áreas urbanas y rurales. Entre el año 2006 y el 2017, la pobreza por ingresos en las áreas rurales disminuyó desde un 51,8% a un 16,5%, lo que representa un avance significativo, sin embargo, esta cifra sigue siendo más del doble de la que se presenta en las áreas urbanas (7,4% para el año 2017). Por su parte, la medición de pobreza multidimensional también da cuenta de una mayor incidencia en las áreas rurales: el año 2017 alcanzó al 37,4% de la población, comparado con el 18,3% en áreas urbanas. Esta es solo una muestra de las brechas que nuestro mundo rural presenta hoy. En este contexto, la Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR), publicada en el Diario Oficial el 5 de mayo de 2020, según el Decreto Supremo N°19 de 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, entrega un marco de lineamientos que promueve la coordinación de actores y variables que inciden en el desarrollo de las áreas rurales, valorando el potencial que tienen para el desarrollo local, regional y nacional. La PNDR promueve un cambio de paradigma, ya que además de hacerse cargo de las brechas y riesgos de estos territorios, pone un especial énfasis en las oportunidades actuales y futuras que dinamizan al país entero: la diversidad de actividades productivas (agricultura, pesca, turismo, artesanía, energía y minería, entre otros); la diversidad natural (biodiversidad, áreas silvestres y paisajes, entre otros); y la diversidad cultural (gastronomía, oficios, interculturalidad, fiestas, tradiciones y arquitectura, entre otros). El primer borrador, construido con aportes de actores del mundo social, político, técnico y académico de todas las regiones del país y un acabado diagnóstico de la ruralidad de nuestro país realizado por la OCDE, fue elaborado entre 2012 y 2014 en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. En 2018 este documento fue retomado por el Ministerio de Agricultura, quien lidera su coordinación, para ser actualizado y complementando con el aporte de las organizaciones campesinas, nuevos levantamientos en los territorios, observaciones de alcaldes rurales de diversas partes del país y de los 14 ministerios que están involucrados en su implementación. Luego de la firma de los ministros y el presidente de la República, el 23 de abril de 2020, Contraloría General de la República tomó razón del documento, aprobando su calidad y legalidad, con el que se transforma en la primera política del Estado de Chile de estas características.

Bibliographic Details

Other Authors:	Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa)
Language:	Español
Published:	2022-07-25
Subjects:	MINISTERIO DE AGRICULTURA, AGRICULTURA, POLITICAS AGRICOLAS, OFICINA DE ESTUDIOS Y POLITICAS AGRARIAS (ODEPA), POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, CASEN, REGIONES, RURALIDAD, OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, POLITICAS PUBLICAS, AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA,
Online Access:	https://hdl.handle.net/20.500.12650/71728
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