El principio de igualdad constitucional. Límites al trato diferenciado
"El estudio aborda el principio de igualdad, desde la perspectiva de la defensa de los derechos del consumidor, en la exigencia y necesidad de que no exista un trato discriminatorio negativo en su acceso a los servicios que el mercado ofrece. Bajo esa pauta, incidimos en los basamentos materiales del principio de igualdad así como en la necesidad de que la justicia administrativa, al evaluar una norma o regla eventualmente discriminatoria en perjuicio del consumidor, pueda desarrollar procedimentalmente el test de igualdad, valiosa herramienta interpretativa constitucional que determina si efectivamente una norma, regla o práctica puede afectar el principio de igualdad. El análisis de esta herramienta procedimental es de mayor interés si observamos que la facultad de aplicación del control difuso ha sido objeto de exclusión, por parte de la jurisprudencia constitucional, respecto a los órganos colegiados de la Administración Pública, aspecto que conlleva a un escenario distinto: la justicia administrativa puede apelar a herramientas interpretativas constitucionales que fijan un férreo entorno de defensa de los derechos fundamentales. En ese entorno, consideramos que la labor que le compete a la Administración en defensa de la Constitución, en aplicación del mandato que enuncia el artículo 38° de la Carta Magna, se ve fortalecida por la interpretación constitucional y para ello sumamos el análisis de un caso que operativamente describe el modo procedimental de aplicación del test de igualdad respecto a la defensa de los derechos del consumidor."
Format: | info:eu-repo/semantics/article biblioteca |
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Language: | spa |
Subjects: | Protección al consumidor, Derecho del consumidor, |
Online Access: | http://hdl.handle.net/11724/7737 |
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Summary: | "El estudio aborda el principio de igualdad, desde la perspectiva de la defensa de los derechos del consumidor, en la exigencia y necesidad de que no exista un trato discriminatorio negativo en su acceso a los servicios que el mercado ofrece. Bajo esa pauta, incidimos en los basamentos materiales del principio de igualdad así como en la necesidad de que la justicia administrativa, al evaluar una norma o regla eventualmente discriminatoria en perjuicio del consumidor, pueda desarrollar procedimentalmente el test de igualdad, valiosa herramienta interpretativa constitucional que determina si efectivamente una norma, regla o práctica puede afectar el principio de igualdad.
El análisis de esta herramienta procedimental es de mayor interés si observamos que la facultad de aplicación del control difuso ha sido objeto de exclusión, por parte de la jurisprudencia constitucional, respecto a los órganos colegiados de la Administración Pública, aspecto que conlleva a un escenario distinto: la justicia administrativa puede apelar a herramientas interpretativas constitucionales que fijan un férreo entorno de defensa de los derechos fundamentales.
En ese entorno, consideramos que la labor que le compete a la Administración en defensa de la Constitución, en aplicación del mandato que enuncia el artículo 38° de la Carta Magna, se ve fortalecida por la interpretación constitucional y para ello sumamos el análisis de un caso que operativamente describe el modo procedimental de aplicación del test de igualdad respecto a la defensa de los derechos del consumidor." |
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