Economic analysis of crop protection policy in Costa Rica

Este informe fue motivado por la hipótesis que en muchos casos, el nivel de uso de los plaguicidas sobrepasa el óptimo económico, en ambos casos a nivel de finca y desde el punto de vista social. Además de los determinantes puramente técnicos del uso de plaguicidas existen varios factores institucionales y macro-económicos que por mucho tiempo han sido desantendidos. Estos factores actúan como restricciones en la diseminación de MIP y de tecnologías no químicas. Los capítulos 2 y 3 resumen las características del sector agrícola y del intercambio y uso de plaguicidas en Costa Rica. Costa Rica es un mercado creciente para estos, a pesar de muchos esfuerzos para reducir el uso de plaguicidas. La investigación utilizó una metodología participativa. En numerosas entrevistas se identificaron determinantes institucionales y económicos del uso de plaguicidas, los cuales fueron evaluados por una encuesta entre expertos en fitoprotección. Las limitaciones institucionales y la escasa disponibilidad de información obstaculizan la difusión del MIP en Costa Rica. La legislación en el campo de los plaguicidas es amplia y cubre los aspectos más importantes del manejo de éstos. Sin embargo, se encuentran serias dificultades en la implementación de estas leyes. Primero, el gran y diverso número de instituciones involucradas en este campo dificulta la coordinación entre las mismas, haciendo muy difícil un control eficaz. Segundo, los costos de ejercer el control previsto por las leyes son muy elevados, debido al alto número de individuos que trabajan con plaguicidas. Tercero, los que no cumplen la ley muchas veces no son castigados con suficiente severidad o ni son castigados. Además, la educación en fitoprotección y las recomendaciones técnicas de los bancos agrícolas se han identificado como obstáculos institucionales a la reducción del uso de plaguicidas. El servicio oficial de extensión promueve MIP, lo que ayuda en reducir el uso de plaguicidas. Por el otro lado, la información transmitida por la industria química y por vendedores de plaguicidas estimula el uso de plaguicidas. La falta de información sobre métodos no químicos en las instituciones y a nivel de finca y además el uso insuficiente de argumentos económicos en la transferencia del MIP también favorece el uso unilateral de plaguicidas. En Costa Rica, los insumos agrícolas por mucho tiempo se han exonerado de cualquier arancel o impuesto. La exoneración de impuestos para plaguicidas y para insumos complementarios como equipo de aplicación y fertilizantes estimulan la demanda para plaguicidas. Actualmente la exoneración de impuestos para plaguicidas implican un subsidio de precio de un 6 por ciento o de unos 5 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, en el contexto de la liberalización del intercambio la exoneración de aranceles probablemente resultará de menor importancia. Los instrumentos regulatorios (prohibición y restricción) fueron evaluados como los más favorables a pesar de las ampliamente conocidas deficiencias en la implementación de las leyes y de las medidas administrativas. Se suponía que la combinación de impuestos y subsidios eran más efectivos en lograr el objetivo ambiental que impuestos sin subsidios y de ser más aceptables por los agricultores. Sin embargo, se esperaba que impuestos ambientales se podrían difícilmente realizar.