Perú: el Estado como promotor de la inversión y el empleo
La actual Constitución Política del Perú, aprobada en 1993, establece claramente que si bien la generación del empleo y de la inversión deben sustentarse en la actividad privada, la misma debe complementarse con la acción facilitadora y promotora del Sector Público. El presente trabajo parte de la precisión del problema del empleo y la inversión como base para asegurar el crecimiento económico, y luego analiza el rol que la Constitución le asigna al Estado en la consecución de ese objetivo primordial. Así, se presentan la evolución, logros y dificultades durante el periodo 1996-2000, de la acción estatal en la promoción del empleo productivo y de la educación para el trabajo; de la actividad empresarial y de la inversión privada; y de las pequeñas y microempresas, así como en su rol de demandante en el cumplimiento de sus funciones, lo cual exige la aplicación de criterios de eficiencia y de priorización.
Main Author: | |
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Other Authors: | |
Format: | Texto biblioteca |
Language: | Spanish / Castilian |
Published: |
CEPAL
2002-04
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Subjects: | EDUCACION, EMPLEO, INVERSIONES, POLITICA DE EMPLEO, PROMOCION INDUSTRIAL, ADMINISTRACION PUBLICA, DERECHOS Y DEBERES ECONOMICOS DE LOS ESTADOS, REGULACION ECONOMICA, EDUCATION, EMPLOYMENT POLICY, EMPLOYMENT, INDUSTRIAL PROMOTION, INVESTMENTS, PUBLIC ADMINISTRATION, ECONOMIC REGULATION, ECONOMIC RIGHTS AND DUTIES OF STATES, |
Online Access: | https://hdl.handle.net/11362/7270 |
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Summary: | La actual Constitución Política del Perú, aprobada en 1993, establece claramente que si bien la generación del empleo y de la inversión deben sustentarse en la actividad privada, la misma debe complementarse con la acción facilitadora y promotora del Sector Público. El presente trabajo parte de la precisión del problema del empleo y la inversión como base para asegurar el crecimiento económico, y luego analiza el rol que la Constitución le asigna al Estado en la consecución de ese objetivo primordial. Así, se presentan la evolución, logros y dificultades durante el periodo 1996-2000, de la acción estatal en la promoción del empleo productivo y de la educación para el trabajo; de la actividad empresarial y de la inversión privada; y de las pequeñas y microempresas, así como en su rol de demandante en el cumplimiento de sus funciones, lo cual exige la aplicación de criterios de eficiencia y de priorización. |
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